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miércoles, 29 de mayo de 2013

LAS LENGUAS DE ESPAÑA

Estos artículos son para reflexionar sobre el tema:


Resolver el déficit simbólico

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Tiempo atrás el independentismo catalán puso en circulación un irónico eslogan que rezaba así: “L’autonomia que ens cal és la de Portugal”. Si el tema son los dineros, Portugal ha dejado de ser un referente atractivo. El caso portugués ilustra de manera lacerante que recaudar y gestionar todos los impuestos no es sinónimo de una economía sólida ni de un Estado de bienestar robusto. Y no importa que Portugal esté en el sur; ahora sabemos que el país de la Unión que está más cerca del rescate es Eslovenia, un estado genuinamente mittleeuropeo que se liberó hace más de 20 años del déficit fiscal que mantenía con Belgrado. Y en el recuerdo inmediato está el hundimiento de Islandia, que puso de manifiesto que ni siquiera ser un país nórdico con 70 años de independencia a las espaldas constituye una garantía contra la bancarrota.
Lo que ni Portugal ni Eslovenia ni Islandia han perdido en esta época de turbulencias es su capacidad de proteger sus lenguas respectivas. Los Estados siguen siendo instrumentos relativamente eficaces para asegurar la vitalidad de las lenguas y satisfacer los intereses lingüísticos de sus hablantes. Desde este punto de vista, son muchos los españoles —no necesariamente secesionistas catalanes— que consideran que el Estado, en España, no está actuando adecuadamente para “respetar y proteger” a todas las lenguas españolas (como manda la Constitución). Nos hallamos seguramente ante un déficit simbólico que no solo mantiene Cataluña respecto a España, sino también todas las demás comunidades que tienen una o más lenguas propias diferentes de la castellana.
Los estados siguen siendo instrumentos  eficaces para  asegurar la vitalidad de las lenguas
España, sin duda, no tiene una política estatal de protección de las lenguas españolas; nunca ha desarrollado el artículo 3.3 de la Constitución y, a pesar de haber ratificado generosamente la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, la incumple de manera flagrante. En los últimos tiempos el Estado ha permitido desaguisados respecto a lenguas españolas que nunca permitiría respecto al castellano: ¿alguien cree que el Estado permitiría que una comunidad autónoma decidiese relegar el castellano a simple mérito para acceder a la función pública? Es lo que ha pasado en las islas Baleares con el catalán. ¿O alguien cree que el Estado permitiría que una ley autonómica llamase al castellano por otro nombre que no fuera “castellano”? Es lo que ha pasado en Aragón con el catalán y el aragonés. (Por cierto, si el catalán es ahora la “lengua aragonesa propia del área oriental” y el aragonés, la “lengua aragonesa propia del área pirenaica y prepirenaica”, ¿el castellano no debería llamarse “lengua aragonesa propia del resto de Aragón”?).
En una tribuna reciente (Por una ley de lenguas (de una maldita vez), 7-5-2013), Juan Claudio de Ramón defendía una posible solución para este déficit simbólico: una ley de lenguas que convirtiera al catalán-valenciano, vasco y gallego en lenguas oficiales del Estado. El propio de Ramón vaticinaba que a algunos les daría risa la propuesta y otros se llevarían las manos a la cabeza. La aversión al multilingüismo estatal une a la mayoría de unionistas españoles con ciertos independentistas catalanes (como Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural): para los primeros, el castellano y solo el castellano debe seguir siendo la lengua oficial de España; para los segundos, el catalán y solo el catalán debería ser la lengua oficial de una Cataluña independiente.
En Europa hay unos cuantos ejemplos de Estados “extraños” (al decir de Casals) que cuentan con más de una lengua oficial, y acaso sería oportuno fijarse en ellos para saber de qué estamos hablando. En Finlandia, por ejemplo, las lenguas oficiales del Estado son el finés y el sueco. A pesar de que todo el mundo sabe finés (el sueco es la lengua de un exiguo 5% de la población), todas las instituciones estatales funcionan también en sueco. Los diputados del Parlamento pueden expresarse en la lengua oficial que deseen; a nadie se le ocurriría exigir (o esperar) el uso del finés con el argumento de que es la lengua “común” del país. En el estado europeo más joven, Kosovo, la hegemonía demográfica del albanés tampoco es óbice para que el Parlamento local funcione también en serbio.
Ni Finlandia ni Kosovo son los casos más prominentes de multilingüismo estatal en Europa. Los casos más conocidos son aquellos en los que el multilingüismo estatal se da la mano con el federalismo político (Bélgica y Suiza, pero también Bosnia y Herzegovina). En estos casos, todas las lenguas digamos “nacionales” son oficiales del Estado y cada región, cantón o entidad determina su propio régimen lingüístico. Es lo que podríamos llamar “federalismo lingüístico” —una técnica de gestión de la diversidad lingüística a la que podemos dirigir unas cuantas preguntas—.
Primera pregunta: ¿el federalismo lingüístico podría aplicarse a España? Sin duda. Las cuatro grandes lenguas españolas serían las lenguas oficiales de las instituciones estatales y las comunidades autónomas optarían previsiblemente por mantener sistemas de doble (o triple) oficialidad, del mismo modo que la región de Bruselas en Bélgica, los cantones de Berga, Friburgo y Valais en Suiza y las dos entidades de BiH (la Repubika Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina). El verdadero cambio, pues, no estaría en las comunidades autónomas, sino en las instituciones estatales, en los símbolos del Estado, en sus delegaciones diplomáticas, etcétera.
Segunda pregunta: ¿el federalismo lingüístico podría frenar el secesionismo catalán? Aquí la respuesta no es clara. La política comparada no es muy esperanzadora: el federalismo lingüístico no impidió dos referendos de secesión en Quebec, y no parece que sea capaz de contener una posible secesión de Flandes o de la Republika Srpska. ¡Pero conviene recordar que la finalidad del federalismo lingüístico no es frenar la secesión!
Y tercera y más delicada pregunta: ¿España se encamina hacia el federalismo lingüístico? Aquí la respuesta es rotundamente no. España no puede acercarse al federalismo lingüístico sin acercarse al federalismo tout court. Y a pesar de los esfuerzos del PSC (que el día 29 presentó en Madrid su propuesta federalista) y de la presunta simpatía del PSOE, las cosas no se están moviendo precisamente en una dirección federal. Uno de los indicios más recientes es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Y no (o no solo) por el trato desigual que dispensa a las lenguas españolas, sino por el mismísimo hecho de ser una ley estatal. (En los Estados federales serios, la educación depende de las unidades federadas; Alemania es el ejemplo más claro de que una gran descentralización no está reñida con la calidad educativa). Para resolver déficits simbólicos al final resultará que, a falta de federalismo, buenas son “autonomías” como la de Portugal.


Por una ley de lenguas (de una maldita vez)

Juan Claudio de Ramón es diplomático

Lo más absurdo de los problemas de España es que tienen solución. Algunas están tan al alcance de la mano, que uno se siente tentado de pensar que es la mala fe de los políticos, y no su incompetencia, la que impide el acuerdo. Ocurre singularmente con la querella de las lenguas, que tanto desfonda nuestra convivencia.
España no es, en su diversidad lingüística, muy distinta del resto de países. Albergar más de una lengua es la regla en los Estados, no la excepción, y en casi todos se registran tensiones de variado voltaje. Basta viajar un poco para hallar conflictos que traen un inconfundible aire de familia. Sucede que los países, al hacerse mayores —al adoptar la ley democrática— se procuran soluciones razonables que cifran en la ley. En España, en cambio, preferimos seguir semienterrados en nuestro secular duelo a garrotazos. Culpa y vergüenza nuestra. Necesitamos como el respirar una ley de lenguas oficiales. El precio que estamos pagando por no tenerla, en forma de envenenamiento, bronca y derroche malsano de energía, es inasumible. ¿Qué espíritu debería guiar esa ley?
Convendría, para empezar, que el Estado se tomara en serio la pluralidad de lenguas en España. En esta tarea nos hemos quedado a medias. La Constitución de 1978 permitió a hablantes de catalán, vasco y gallego salir del reducto familiar en el que el franquismo los había confinado. Nuevas generaciones pudieron educarse en su lengua, se cambiaron las leyes del registro, se rescataron toponimias tradicionales, se ha distinguido a escritores en catalán, gallego o euskera con premios nacionales. Es injusto pensar que nada se ha hecho, y erróneo que está todo hecho.
En realidad, la rehabilitación de estas lenguas es mérito de sus hablantes y las autonomías; la Administración general se ha conformado con poco, so capa de que solo eran oficiales en sus respectivas comunidades. Lo más triste es que la España que solo habla castellano no termina de percibir que existen amplias porciones del territorio en las que se habla, además, otra lengua, que es la materna para muchos españoles. No es que los españoles de raigambre castellanoparlante se opongan a la existencia de esas otras lenguas; sencillamente, tienden a no interesarse por ellas. Como consecuencia, existe una asimetría entre lo que una persona instruida de, digamos, Gandía, sabe de Garcilaso, y una de Toledo, de Ausiàs March.
Catalán, vasco y gallego deberían ser lenguas oficiales del Estado, con el castellano. A algunos les dará la risa y otros se llevarán las manos a la cabeza. ¿No existe ya una koiné, una eficaz lengua común? ¿No conllevaría una factura monstruosa multiplicar todo por cuatro? Pero la cooficialidad de las cuatro lenguas no significa que todos los funcionarios deban aprender las cuatro ni que todo acto administrativo deba cuadruplicarse. Se trata más bien de una obligación de visualizar el hecho de que todas ellas son lenguas españolas, de igual rango y dignidad, y de facilitar su uso, en el nivel estatal, de manera razonable y progresiva. No parece alocado poder declarar en tribunales con jurisdicción en todo el Estado, solicitar la renovación del DNI o consultar las páginas web ministeriales en el idioma oficial de la preferencia de cada uno.
En principio estas disposiciones ya existen, pero no se vela por su cumplimiento. No haría daño que el aeropuerto de Barajas saludase a los viajeros también en catalán, o que el catálogo del Museo del Prado estuviese disponible en euskera. Ni pasaría nada si dejásemos de emplear la letra ñ en todos los logotipos oficiales. Una ley de lenguas oficiales debería mandatar a los poderes públicos para que estimulasen el aprendizaje de las otras lenguas españolas, de manera que en el currículo de un colegio andaluz se estudie la última poesía en gallego, nociones de catalán, o la fascinante filogenia del euskera. A los que objetaran el coste de estas medidas —que no sería, sospecho, tan descabellado— cabría responder que es el precio de una mejor España. ¿Qué debería suceder en el Congreso? En mi opinión, en el Congreso, por ser el foro común por antonomasia, debería hablarse en la lengua común, para resaltar precisamente su valor de acervo compartido. En el Congreso el castellano merece más que en ningún otro lugar ser llamado español. Pero incluso en ese caso el hablar español debería ser fruto de la costumbre entre diputados, y no una obligación reglamentaria.
Ahora bien, poco avanzaremos en el logro de la paz lingüística si las comunidades con más de una lengua no desisten de posiciones dogmáticas y maximalistas. Tomemos el caso de Cataluña, por ser en ella más reñida la cuestión. Nadie niega el derecho de los nacionalistas catalanes a defender su modelo de enseñanza monolingüe, pero les pediríamos que no invocaran para ello falsos pretextos. A menudo escuchamos decir a los portavoces del catalanismo que en Cataluña no hay un problema de lenguas, que son todo insidias de la prensa de Madrid. Pero son familias catalanas, y no tertulianos madrileños, las que batallan en los tribunales, y son intelectuales y académicos catalanes los más conspicuos críticos del sistema. Por si fuera poco, tenemos conocido que mozos de escuadra y otros colectivos han encontrado un singular medio de protestar: usar únicamente el castellano, capitalizando el estigma que pesa sobre él. ¡Curiosa manera de no tener un problema!
En cuanto a la supuesta insignificancia del número de disconformes, podemos descontar que al menos los 700.000 votantes de PP y Ciutadans (y no pocos, oso sugerir, del PSC) querrían transitar hacia un modelo bilingüe. Nada sabemos con certeza, porque la Generalitat nunca ha realizado una encuesta dirigida a toda la sociedad catalana, con las preguntas adecuadas, para saber lo que en realidad prefieren los padres. Acaso intuye el Gobierno catalán que las preferencias serían más matizadas de lo que pregonan. Porque de matices, de equilibrios, se trata.
Está al alcance de cualquier inteligencia que una enseñanza bilingüe no implica la temida segregación por razón de lengua; no se separa a los alumnos, se separan las materias, unas pocas en una lengua, otras tantas en otra. Es una razonable vía intermedia que los nacionalistas catalanes se encargan convenientemente de olvidar, aunque luego algunos no se recaten, si pueden, en enviar a sus hijos a escuelas extranjeras basadas en esa filosofía. Sobre el supuesto aval internacional al modelo catalán, como ha explicado la profesora Mercè Vilarrubias en este diario, se trata de un sistema que no existe en ningún otro país o provincia del mundo con más de una lengua oficial (ni siquiera en Quebec, donde los anglófonos disponen de escuelas en inglés). Ese derecho a la enseñanza bilingüe (sin que ello implique la doble vía) también habría de ser recogido por una ley como la que propongo.
La mera discusión de un proyecto de ley de lenguas ya sería beneficiosa. Comprobaríamos si hay en nuestros políticos genuina voluntad de acuerdo. En su tramitación cada partido tendría que avenirse a ser razonable o exhibir públicamente su intransigencia. La ley sería divisiva en un buen sentido: quedarían arrinconados los extremos. Los tribunales dejarían de hacer malabarismos para salvaguardar derechos ciudadanos sin enmendar leyes enteras. Cabría esperar de los medios de Madrid y Barcelona (sí, también los de Barcelona) una información responsable. Por desgracia, ningún partido parece estar interesado en ser el portavoz de esta propuesta, basada en el puro sentido común. Intuyo que los españoles seguiremos a garrotazos sin necesidad. Insisto: las soluciones están al alcance de la mano —y del intelecto—, a condición, únicamente, de que todos seamos razonables. Y si finalmente no hay acuerdo, será porque nunca lo quisimos.

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jueves, 18 de abril de 2013

ESCRACHE

El artículo de Alex Grijelmo publicado por El País nos adentra en el origen y en el uso de las palabras. Merece la pena leerlo.

Escrache de ida y vuelta

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Álex Grijelmo (elpais.com) 
Miles de palabras del castellano viajaron hacia América en distintas oleadas, pero otras muchas llegaron a España desde allá. Los españoles decimos “tiza”, y esa voz recorrió su largo camino hacia Europa desde el náhuatl, lengua precolombina mexicana en la cual a la tiza se le dice “tizatl”. Por su parte, los mexicanos a la tiza le llaman “gis”, vocablo que recorrió el trayecto inverso partiendo del griego (gýpsos, yeso) y pasando por el latín (gypsum) y luego por el catalán (probablemente también por el aragonés) y el francés, según el diccionario etimológico de Joan Corominas.
Tiza en España, gis en México.
No parece raro, por tanto, que un término como “escrache” nos haya llegado ahora de regreso a Europa después de dar unas cuantas vueltas por el mundo.
La palabra “escrache” lo tiene todo para triunfar entre nosotros.
En primer lugar, porque su formación no repele a la morfología y la fonología del español.
En segundo término, porque su connotación sonora evoca algo que sucede con estrépito (y tiene así un valor onomatopéyico).
En tercera instancia, porque la palabra viene a designar un hecho nuevo, que no disponía de vocablo específico: las manifestaciones ruidosas ante las casas de políticos o personajes de transcendencia pública; el acoso domiciliario en grupo.
Y finalmente, porque está de moda y ha salido con fuerza en todas las direcciones.
El Diccionario de la Real Academia recoge desde 2001 el verbo “escrachar”, pero no sus derivados americanos “escrache” y “escracho”. Y lo define según el uso coloquial propio del español rioplatense (Argentina y Uruguay), con dos acepciones: “1. Romper, destruir, aplastar. 2. Fotografiar a una persona”.
El ‘Diccionario de americanismos’ habla de  “situación desairada en que se deja a alguien”
Así que, por ahora, la Academia no da ninguna pista que relacione ese verbo con el uso reciente de “escrache” en los medios de comunicación españoles.
¿De dónde ha salido entonces esta palabra?
Podemos establecer algunas conclusiones a partir del cruce de datos al que nos dan pie el Diccionario de americanismos (elaborado en 2010 por las Academias de la lengua hispanoamericanas), el Diccionario de argentinismos (editado en 2008 por la Academia Argentina de Letras; es decir, la Academia argentina) y el Diccionario etimológico del lunfardo, del argentino Óscar Conde (Taurus, 2011).
“Escrachar” tiene dos líneas de significados: una de ellas parte del inglés scrach (rasguño, arañazo) y la otra del lunfardo escrache (poner en evidencia o delatar públicamente a alguien).
Los significados por la rama de rasguño se reparten entre los dos sustantivos (escrache y escracho): en el español de Estados Unidos, escrache significa “arañazo”. Y en Argentina y Uruguay, escracho tiene estas acepciones: “Cara o rostro, especialmente si es feo o desagradable”, “fotografía de una persona, generalmente de mala calidad” y “cosa mal hecha”. La vinculación entre esos significados y el rasguño original la encontramos a partir de los usos jergales del mundo delictivo argentino, donde —con alguna influencia del italiano scaracio, billete— se llamaba “escracho” a un boleto de lotería engañoso, que seguramente precisaba de alguna raspadura para alterar el número; o a un pasaporte falsificado de igual forma (lo que explica también la relación con la fotografía y la mala cara que solemos lucir en ese tipo de documentos).
Pero la línea de “escrache” que nos concierne en la actualidad tiene que ver con otro origen, cuyas definiciones en el Diccionario de americanismos hablan de la “situación desairada en que se deja a alguien” y —en la entrada “escrachar”— de “dejar en evidencia” a una persona, así como “golpear duramente a alguien, especialmente en la cara” y “romperse o estropearse algo”.
Julio Cortázar empleó ese verbo en Rayuela (1963) con este último sentido, y con evidente evocación sonora: un paquete “se escracha en la calle”; y un imaginario piloto de avión “ya te lo está escrachando en la confitería del Águila a la hora del té”. Para un español no resultará difícil relacionar esas formas verbales con el “escachar” del castellano (y del gallego) que significa “cascar, aplastar, despachurrar; hacer cachos, romper”; que se basa a su vez en el verbo “cachar”, asimismo registrado por la Academia: “Hacer cachos o pedazos algo”.
Los dos referidos diccionarios del español del otro lado ofrecen finalmente el sentido que buscamos, con definiciones casi idénticas (reproducimos la del diccionario de la Academia de Letras argentina): “Escrache: Denuncia popular en contra de personas acusadas de violaciones a los derechos humanos o de corrupción, que se realiza mediante actos tales como sentadas, cánticos o pintadas, frente a su domicilio particular o en lugares públicos”. Y documenta ese uso en un texto de la revista cultural La Maga publicado en agosto de 1998.
La expresión se extendió en 2000 en Argentina, en la época del corralito
Tal sonoridad de la palabra encuentra su correspondencia con lo ruidoso de las protestas: tambores, música, gritos. Los escraches son “lúdicos” y “carnavalescos”, como recoge la obra Pensar y habitar la ciudad, de los mexicanos Patricia Ramírez Kuri y Miguel Á. Aguilar Díaz (Anthropos, 2006). Y lo corrobora Paula Mónaco Felipe en un capítulo del libro Justicia Penal Internacional, coordinado por Santiago Corcuera y José Antonio Guevara (Universidad Iberoamericana, México, 2001): “Cada vez que vamos a
denunciar a un genocida es una fiesta en la que gritamos a los cuatro vientos quién es esa persona”.
Es decir, para dejarla en evidencia.
A este lado del Atlántico, el banco de datos de la Real Academia (que contiene más de 410 millones de registros) recoge cuatro ejemplos del sustantivo “escrache”, todos ellos tomados del diario argentino Clarín en 2001 y con el significado de protesta callejera (en dos de esas ocasiones, ante el domicilio de un ministro). Esto no quiere decir, por supuesto, que únicamente se haya usado cuatro veces el sustantivo, pues el banco de datos académico constituye solo una muestra del uso del español (aunque ciertamente una muestra descomunal).
En otro archivo de textos, el de la agencia Efe (Efedata), aparece documentada esta palabra por vez primera en julio de 1998, puesta en boca de una conferenciante argentina en Gijón. En EL PAÍS se estrenó en septiembre de ese mismo año, en una crónica desde Buenos Aires.
El escrache se extenderá en Argentina sobre todo a partir del año 2000, cuando los ciudadanos toman la calle para generalizar su protesta contra los políticos, según recoge Óscar Lamberto, exsecretario de Hacienda, en su libro Los cien peores días: el fin de la convertibilidad (editorial Biblos. Buenos Aires, 2003). En aquellas épocas, Argentina vivió el corralito, con los depósitos de los ahorradores inmovilizados en los bancos.
Pero estábamos hablando de una palabra viajera, porque nuestro ruidoso “escrache” ha llegado ahora desde Argentina a España; y antes lo hizo desde Europa a América. Concretamente desde Italia. De ahí pasó al lunfardo, la jerga de las clases bajas bonaerenses; y del lunfardo, al español general de Argentina.
El referido Diccionario etimológico del lunfardo, del argentino Óscar Conde, apunta como origen de este segundo “escrachar” (el equivalente de “delatar”) un posible cruce entre el genovés scraccâ (expectorar, escupir; parecido al francés cracher, con el mismo significado), y el italiano schiacciare (romper, destrozar). Las protestas, pues, arrojan sus gritos a la cara de los interpelados, para delatarlos, y lo hacen irrumpiendo en su espacio más personal. Y con el ruido de la propia expresión “escrache” envolviendo el paquete.
Vemos así que las palabras se entrelazan, se enriquecen, cambian de país. Analizar sus cromosomas tiene algo que ver con conocer la historia de las personas y el lugar de sus conflictos. Siempre hay una palabra sacando su billete en una estación.

lunes, 23 de abril de 2012

Dilo en archisílabos



El domingo 22 de abril el periódico El País publicó un artículo de Aurelio Arteta sobre el uso abusivo y deliberado de los llamados archisílabos. El autor resume mu bien la intencionalidad de su uso al final del artículo: " ¿Que por qué todo esto? “Cuando hay una brecha entre los objetivos reales y los declarados, se emplean casi instintivamente palabras largas (...), como un pulpo que suelta tinta para ocultarse”. Igual que a Orwell, también a uno le parece que el estilo inflado en el uso de la lengua es producto de la falta de sinceridad de los hablantes." Este es el artículo:

 "Por fin he comprendido la razón de que los académicos de la Lengua reciban el sobrenombre de “inmortales”. Se les llama así porque por ellos no pasa el tiempo o, quizá mejor, porque en nada afecta el tiempo a quienes están destinados a la vida eterna. Les han hecho falta decenios para declarar que, además de erróneo, suena fatal eso de cargos y cargas públicos/as..., que ha invadido hasta el lenguaje de los mudos. ¿Deberán transcurrir otros cuantos decenios hasta que la Academia futura confeccione un catálogo de archisílabos que conviene desterrar del habla común?

Puestos a engrosar la colección de estas prescindibles palabras kilométricas, empecemos por el estiramiento de las que a diario se inventan las estiradas gentes de las finanzas. Los ‘frenar’, ‘desanimar’ o ‘disuadir’ se esconden hoy bajo el desincentivar y los desincentivos arrinconan a ‘frenos’ y ‘obstáculos’. Es de suponer que operacionalizar y operativizar significan volver algo operante u operativo, de suerte que operativización se acercaría a lo dicho por ese hermoso término de efectivización. A duras penas he captado que en esa jerga primarización quiere decir exportar bienes primarios, pero aún no pillo a qué se alude con el bancarizar y la bancarización.
El afán de alargar el léxico, no tanto por el placer de alargarlo como por hacerse el interesante quien lo pronuncia, se detecta en varios vocablos prestigiosos del momento. Habrán notado que lo ‘especial’ está dejando paso a lo específico, y que los ‘especialistas’ son cada vez más los especializados en esto o lo otro. Aquí y allá se introduce el ejercitamiento o la ejercitación en lugar del ‘ejercicio’, igual que el desfasaje pretende ser el ‘desfase’. Ignorante de sus presuntas diferencias, no acierto a ver qué añaden dominancia y gobernanza (o gobernancia) a ‘dominio’ y ‘gobierno’, salvo su mayor longitud y -me temo- cierta pedantería. Nos tropezamos con el transicionar porque cae en desuso el ‘transitar’, lo mismo que el reciente ostentatorio traduce el ‘ostensivo’ o el ‘ostentoso’, según, con una sílaba más. Incrédulo ante lo sostenido por un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusets, desearía aprender dónde radica la mayor carga informativa de los términos largos sobre los más breves. Me lo tendrían que explicar argumentativamente, claro está, no ‘argumentalmente’.
No olvidaré dejar constancia de ese curioso gusto del español contemporáneo por lo abstracto. Baste anotar la emocionalidad, para referirse a la ‘emotividad’ o sencillamente a la ‘emoción’. Y nadie dudará de que la ‘potencialidad’ de algo sabe a poco comparada con su potenciabilidad.
Muchos archisílabos proceden del afán de subrayar la acción que conduce a un resultado, más que el resultado mismo. Así es como se procura la homogeneización entre cosas diversas, que sería sin más su ‘homogeneidad’; hay que facilitar la visibilización de las mujeres maltratadas, no su ‘visibilidad’. Por mucho que a la izquierda abertzale le encrespe, ha de establecerse una jerarquización entre las víctimas del terrorismo, mucho mejor que su correcta ‘jerarquía’. La espectacularización no dice más que la producción de ‘espectacularidad’ y la precarización del contrato laboral sólo indica su ‘precariedad’. La empleada de una compañía teléfonica me detalló la tarificación de mis llamadas, sin duda porque le sonaba más redondo que su ‘tarifación’. Se trata de un mecanismo del que no se libran ni las impropiamente llamadas “lenguas propias”, como lo probaría la revernacularitzaciò del valencià...
Resulta patética la rapidez con que el hablante español se ha dejado contagiar por el inglés (o por el americano) a fuerza de parir adjetivos acabados en -al. Su atractivo más probable: que tal desinencia cuenta como dos sílabas y prolonga así su pronunciación. Hasta al mismísimo ministro de Justicia se le escapó hace poco una mención de la conducta delincuencial, en lugar de ‘delictiva’. Ya no existe un hecho ‘motivador’, sino motivacional; ni un trabajo ‘aspirante’ al premio, sino aspiracional. Y, aunque no me crean, les juro que he detectado un chirriante modificacional, y un vicarial, un suposicional y con mayor frecuencia todavía otro civilizacional. Que luego se vea todo perspectivalmente, será la conclusión natural de un mimetismo tan entusiasta como necio.
Por si fuera poco, unos archisílabos se reproducen en otros afines. En la gran superficie lingüística ya pululan los monitorizar y monitorizado, pero ahora disponemos asimismo del monitorear y monitoreado, todos ellos equivalentes a ‘examinar’ o ‘evaluar’ y sus participios. Archisílabos cortos, todavía insatisfechos de su estatura, originan archisílabos más largos. Aquel posicionar, que ya se ha quedado con nosotros, engendra el reposicionar para decir ‘resituar’; otrotanto ocurre con el focalizar y la focalización, por ‘enfocar’ y ‘enfoque’, una acción que al repetirse se transforma en refocalizar y refocalización. El modesto vehicular, que entre los exquisitos suplantó a ‘transportar’ y otros, ha crecido hasta dar en vehiculizar.
¿Que por qué todo esto? “Cuando hay una brecha entre los objetivos reales y los declarados, se emplean casi instintivamente palabras largas (...), como un pulpo que suelta tinta para ocultarse”. Igual que a Orwell, también a uno le parece que el estilo inflado en el uso de la lengua es producto de la falta de sinceridad de los hablantes.
Aurelio Arteta es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco. Su último libro, Tantos tontos tópicos (Ariel, 2012).
Archisílabos: 
desincentivar y desincentivos
operacionalizar y operativizar
operativización
efectivización
primarización
bancarizar y bancarización
específico y especializados
ejercitamiento y ejercitación
desfasaje
dominancia, gobernanza 
transicionar
ostentatorio
argumentativamente
emocionalidad
potenciabilidad
homogeneización
visibilización
jerarquización
espectacularización
precarización
tarificación
delincuencial
motivacional
aspiracional
modificacional
vicarial
suposicional
civilizacional
perspectivalmente (analogía con naturalmente)
monitoriza, monitorear, monitoreado y monitorizado
posicionar y reposicionar
focalizar, focalización, refocalizar y refocalización
vehicular y vehiculizar
Otros artículos:

lunes, 27 de febrero de 2012

EL SALDO DE LA LENGUA

Este artículo de Antonio Valdecantos apareció publicado en El País el 4 de febrero de 2012 y es una interesante reflexión sobre la imposición escolar y universitaria del inglés y la defensa de nuestro idioma.

El saldo de la lengua

Ninguno de los participantes en las recias campañas de defensa del castellano frente a las políticas lingüísticas periféricas ha dicho una sola palabra sobre la imposición escolar y universitaria del inglés

ANTONIO VALDECANTOS 
 La azucarada doctrina según la cual la lengua sirve sobre todo para entenderse es antiquísima y muy apta para la oratoria edificante, pero no debería dársele más crédito del quizá no muy generoso que le conceden los autores de esta clase de discursos. Cualquier observador atento sabe de sobra que el lenguaje no es casi nunca un medio para el acuerdo ni para la concordia, sino uno de los motivos de violencia más inagotables y traicioneros de que se tiene noticia. Y quien quiera consolarse creyendo que una lengua solo revela su rostro carnicero cuando se enfrenta a otras, hará bien en acudir al libro de los Jueces (12, 4-6), donde se narra con la mayor naturalidad cómo 42.000 efraimitas, que se esforzaban por disimular su condición, fueron degollados por los galaditas en los vados del Jordán al ser incapaces de pronunciar adecuadamente el primer sonido de la palabra shibbolet y no saber decir más que sibbolet: cuando la leLa lengua fue durante siglos compañera del Imperio y madre del guerrero, y todas las lenguas maternas lo son por alguna victoria militar, próxima o remota, que decidió sobre cómo hablaría cierto número de generaciones futuras. De manera inevitable, también las lenguas pequeñas buscan un reino propio al que acompañar, y casi nunca renuncian a planes más o menos ambiciosos de expansión. En nuestros días la lengua sigue siendo compañera de imperios, repúblicas y principados, pero lo habitual es que se la aprecie más por su valor de cambio que por sus vibrantes resonancias marciales. A menudo se oye, por ejemplo, que las lenguas muy habladas y cuyo aprendizaje resulta atractivo son una fuente segura de ganancias, como el sol donde luce mucho, o como el nombre mismo de la nación (su marca, acostumbra a decirse, cambiando el ardor patriótico por el orgullo mercantil) cuando goza de prestigio por alguna circunstancia o episodio notorio, y casi siempre deportivo (las victorias en esta clase de torneos son, sin duda, el sucedáneo incruento de los triunfos guerreros).
Para aumentar el valor de la marca del país, el ser la cabecera de una lengua universal constituye una ventaja de las más envidiables y un tesoro al que conviene sacar todo el partido (o, como suele decirse con la mayor solemnidad, aunando codicia y pedantería, "todo el potencial"). Pero, naturalmente, no cabe montar una buena política de la lengua tan solo a base de cálculos contables. Del mismo modo que el orador guerrero o sagrado se desgañitará cada vez que se refiera a los mártires, el encargado de promocionar la lengua como referente de la marca nacional deberá invocar a menudo las glorias literarias muertas y vivas, ventajosas sustitutas de los héroes y los santos, y que constituyen, además, un apreciadísimo hontanar de valores culturales (cosa también promocionable de por sí), e incluso de valores en general.
No puede decirse que hayan faltado en España en los últimos tiempos agrias disputas lingüísticas. Y no faltarán nunca porque, allí donde haya lenguas irredentas, las consabidas pendencias identitarias serán siempre entretenimiento obligado de la opinión pública y nadie podrá permitirse el lujo de cancelarlas. Lo que resulta francamente llamativo ha sido la ausencia de todo debate en relación con el hecho lingüístico de mayor envergadura producido en muchísimo tiempo, a saber, la aceptación del incontrovertible principio según el cual el llamado bilingüismo (pero no el central-periférico, sino el referido al inglés) debería ser el día de mañana la condición normal de todos los súbditos. No se conoce, en efecto, a nadie que haya puesto en tela de juicio la bondad de dicho propósito, y lo único que está permitido discutir es la manera de lograrlo (o, como dirán los avisados, implementarlo) del modo más rápido y eficiente, aunque al principio resulte un poco pintoresco.
Como es lógico, tal bilingüismo se habrá de procurar sobre todo por medio de la enseñanza, y el que esta deba cursarse, de principio a fin, en inglés constituirá un dogma incuestionado sobre el que sería muy poco aconsejable expresar dudas: si el inglés llega a ser la lengua de la escuela, nuestra competitividad y excelencia darán un paso de gigante, porque no cabe ninguna duda de cuál es la lengua de la innovación, de la tecnología, de la globalización y, en general, del futuro. Ninguna escuela ni universidad podrá competir aceptablemente si no se proclama bilingüe, y lo que eso significa es que el inglés será la lengua en la que los súbditos aprenderán lo mucho o poco que lleguen a saber, y aquella en la que habrá de hablarse cuando se quiera transmitir seriamente cualquier clase de conocimiento. Puede que tal hallazgo traiga como consecuencia la reducción del castellano a una lengua de uso familiar (o, en el mejor de los casos, también literario), y quizá no haya nada de malo en ello. Es cierto que lo anterior se parece más a la diglosia que al bilingüismo propiamente dicho, pero no procede en absoluto que nos pongamos ahora sutiles ni apocalípticos porque, como debería saberse, con el futuro no se juega.
Que ninguno de los participantes en las recias campañas de defensa del castellano frente a las políticas lingüísticas periféricas haya dicho una sola palabra sobre la imposición escolar y universitaria del inglés no es algo que deba sorprender a nadie, porque los guardianes del español y las instituciones del ramo han practicado, por activa o por pasiva, el mismo asentimiento complaciente que el resto del público. Y poco importa que el llamado bilingüismo resulte casi siempre ridículo. La mayor parte de los maestros y profesores no saben, en efecto, suficiente inglés (ni es, por cierto, su obligación) y enseñan de manera tristemente balbuciente, pero se supone que este reto, como todos, se superará con el tiempo. Además, nadie ha dicho que el docente tenga que ser Demóstenes, y en esto radica seguramente lo decisivo de la cuestión: a nadie parece inquietar el que la enseñanza se lleve a cabo en las condiciones de indigencia verbal propias de una lengua que no dominan ni el profesor ni los alumnos, algo quizá poco importante en las múltiples actividades recreativas que llenan el horario escolar, pero no muy recomendable a la hora de enseñar, por ejemplo, historia o filosofía.
Oponerse, por un lado, al llamado bilingüismo y sentir, por otro, un poco de rubor o de risa floja al oír hablar con unción de la "marca España" son señales inequívocas de inadaptación a los tiempos y de poco espíritu competitivo. Aceptado sea. Pero puede que convenga tener en cuenta un pequeño detalle: si el producto que con tanto empeño se quiere promocionar en el exterior es una lengua cuyo mero uso denotará para sus hablantes maternos que no se está practicando ninguna actividad verdaderamente seria, entonces puede que una mercancía tan averiada pierda la mayor parte de su interés, y que la marca en cuestión no esté en condiciones de competir muy ventajosamente en el mercado global. Estudiar una lengua no empleada para nada tenido por provechoso y que se reduce a la literatura y al habla coloquial es como aprender una extravagante mezcla de latín y de caló, exquisito lujo inmejorable para eruditos sofisticados, pero no muy prometedor en un mundo competitivo. Semejante lengua no solo sería una mala compañera de cualquier imperio, sino también un producto nada fácil de colocar en el mercado y un pésimo logotipo para cualquier marca nacional. Lograr vender a otros lo que uno no quiere para sí exige mucha labia, mucha astucia y mucho disimulo; de lo contrario, tan solo se podrá ser competitivo en el mercado de segunda mano o de ocasión, donde las marcas tienen, qué duda cabe, mucha menos importancia.
Antonio Valdecantos es catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid. Su último libro publicado es La clac y el apuntador (Abada).